En mayo del 2015, se anunció proceso selectivo de acceso a la escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, al que concurrió nuestro patrocinado. El mismo superó adecuadamente la totalidad del proceso selectivo, pero en la última prueba de la entrevista psicológica, fue declarado no apto de forma sorprendente. Recibido dicho pronunciamiento, el afectado afrontaba el riesgo de que el mismo, pese a resultar erroneo, fuera arrastrado a futuros procesos selectivos a los que pudiera concurrir, cercenando de este modo su vocacional acceso a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Entendiendo dicho pronunciamiento carente de cualquier sentido y arbitrario, el aspirante contactó con los abogados especialistas en Guardia Civil de Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que, tras los trámites oportunos y tras someter al afectado a las oportunas revisiones y pruebas periciales, interpusieron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.

En fechas recientes ha recaído sentencia de dicho tribunal que puede ser consultada en el apartado de sentencias de esta web, en la que se anula la resolución por la que se declara al recurrente no apto en la prueba de entrevista psicológica del proceso selectivo de acceso a la Guardia Civil y se obliga a la misma a retrotraer el proceso selectivo, al entender el Tribunal que la ausencia de las actas del tribunal calificador y de informes concluyentes sobre la falta de aptitud del evaluado, vician la resolución impugnada.

Extrapolando este caso al Cuerpo de la Guardia Civil, debemos denunciar que nuestro Gabinete ha detectado en los últimos tiempos una aluvión de consultas relacionadas con declaraciones de no aptitud en las entrevistas psicológicas de muchos procesos de ascenso, en los que la misma es utilizada, a modo de criba, especialmente entre el personal mas joven, el personal que presente algún tipo de baja laboral previa o que presente unas calificaciones en los IPECGUCI, no suficientemente adecuada.

Se esperan cribas similares en otros procesos de ascenso y de concurrencia a ciertas especialidades. Animamos a todos los afectados a no transigir con este tipo de prácticas y a defender ante los tribunales su derecho Constitucional a una carrera profesional dentro de la función pública.