No apto en el reconocimiento médico de acceso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional: Una aspirante con «riesgo de muerte» gana la batalla a los examinadores de la Guardia Civil

Si has resultado no apto en el reconocimiento médico de acceso a la Guardia Civil, llámanos urgente, somos especialistas y en el pasado ya hemos obtenido sentencias estimatorias para otros compañeros tuyos. Llama al: 911649961 ¡Infórmate ahora!

 

 

Algunos ejemplos de sentencias

ST. TS POLICÍA LOCAL APTO EN RECONOCIMIENTO CON DISCROMATOPSIA
ST. TS NO APTO EN RECONOCIMIENTO MÉDICO GUARDIA CIVIL ALTA TENSION
  ST. NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO CNP MATERIAL OSTEOSÍNTESIS
 ST. NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO HIPOTIROIDISMO ACCESO A GUARDIA CIVIL
  ST. TS. NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO G.C. HIPERTENSIÓN
 ST. NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO CNP POR TUMOR EXTIRPADO
  ST. NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO CNP DISCROMATOPSIA
ST. FALTA DE APTITUD EN REC. MEDICO CNP VISION
ST. ACCESO CNP CON TORNILLOS EN UN BRAZO

19 septiembre 2019

El Tribunal Superior de Madrid considera «apta» a una mujer que fue excluida del Instituto Armado por una patología tratada con la que ha convivido sin problema en el Ejército durante 11 años

Casi 30.000 aspirantes de entre 18 y 40 años participan desde julio pasado en las pruebas de acceso a la Guardia Civil, cerca del 23% mujeres. Se trata de la mayor oferta pública de la última década, con 2.210 plazas. Los exámenes siguen desarrollándose esta semana en varias provincias antes de que en octubre los «aptos» se incorporen a la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid). Unos destinos donde recibirán la formación profesional durante un curso académico.

En septiembre de 2017, Silvia C. M. (apellidos supuestos) era una de las aspirantes a vestir el uniforme del Instituto Armado. Tras pasar 11 años en el Ejército de Tierra, donde ingresó en octubre de 2006, decidió acceder a la Guardia Civil por las plazas reservadas a los militares. Tras realizar las pruebas de conocimiento, psicotécnicas, de aptitud física y la entrevista personal, la cabo fue excluida por el Tribunal Médico en el reconocimiento médico tras diagnosticarle hipotiroidismo (cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona para satisfacer las necesidades del cuerpo).

Esta afección está incluida en el cuadro médico de exclusiones desde 1996, al tratarse de una enfermedad que precisa tratamiento de larga duración. Silvia, en efecto, padece esta patología metabólica desde 2008, estando ya en el Ejército, y toma una pastilla diaria. Así lo dijo en la encuesta previa al examen médico.

Pero para el Tribunal de Selección, se trata de un problema crónico que puede agravarse «con inminente peligro de muerte», por lo que es un «contrasentido» su admisión con una limitación funcional tan grave que puede agravarse por factores físicos o ambientales propios del oficio. Así que el resultado final de la exploración fue «no apta», según la decisión final del General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil de noviembre de 2017.

Informes forenses

Pero Silvia no se quedó de brazos cruzados y emprendió la vía judicial para revocar esta decisión de todo un General Jefe. Presentó una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Defendida por el abogado Antonio Suárez-Valdés, prepararon una estrategia contra el fondo de la motivación del tribunal examinador.

Más allá de que el hipotiroidismo es una patología excluyente desde hace más de dos décadas, algo que el propio tribunal no pone en duda ahora en su sentencia, la demanda fue al corazón mismo del asunto: si esta enfermedad, debidamente tratada, le impide o dificulta desarrollar sus funciones en la Guardia Civil.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establace que debe regir el principio de proporcionalidad en la interpretación de las normas restrictivas, como las causas médicas de exclusión y su consecuente inhabilitación para el cometido laboral. Bajo esta premisa, la demandante presentó junto a su escrito judicial tres informes clínicos: uno de un coronel médico del Ejército de Tierra que atestiguaba que en 11 años realizó una actividad «normal», sin bajas laborales y sin que la patología afectase a su peso o capacidades funcionales. Otro de la Clínica Militar Forense que señala que desde 2013 presentasaba «niveles completamente normales de hormonas tiroideas» y que no existe, «ni remotamente», peligro de muerte inminente. Y un tercero escrito de un perito judicial de parte que validaba las anteriores conclusiones.

Con esta batería de pruebas, el tribunal de la Sección Sexta del TSJM, presidido por la magistrada Teresa Delgado y con ponencia de Ángeles Huet, ha sentenciado por unanimidad que Silvia tenía razón y que su causa no ha sido en balde. La Sala ha revocado la decisión de todo un tribunal examinador de la Guardia Civil, ratificada por un general jefe, y ha considerado «apta» a la aspirante tras dos años de contencioso.

Pero lo que es más importante, los magistrados por unanimidad ponen en duda los criterios de exclusión médica del Instituto Armado por su carácter restrictivo. Lo hacen cuando hay base suficiente para poder ser agente con una enfermedad tratada que no limita la actividad profesional. Así ha sido el caso de Silvia y su hipotiroidismo.

Fuente.

NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO POR DISCROMATOPSIA

Obligan a readmitir en las oposiciones a la Policía Nacional a un aspirante daltónico

Una sentencia revoca una decisión que excluía a un afectado sin que se demostrara que esa afección le impidiera ejercer como agente.

17 noviembre, 2020 02:22

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a readmitir a las oposiciones a Policía Nacional a un aspirante que había sido excluido por padecer discromatopsia. Se trata del nombre con el que se denomina a cualquier discapacidad o alteración en la visión de los colores. Esta afección es también conocida como daltonismo.

El demandante se presentó a las oposiciones convocadas en abril del año 2017. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se le sometió a reconocimiento médico y se le realizó una prueba de visión cromática.

Se le declaró no apto. El afectado recurrió entonces con una demanda. En ella explicaba que no padecía ningún defecto físico que justificase su exclusión del proceso de selección. Alegaba que no sufría ese déficit visual que señalaba el informe con el que se suprimía su posibilidad de acceder al cuerpo.

La Policía, a la hora de declarar «no apto» al aspirante al cuerpo, utilizó como argumento en su informe una prueba de «reconocimiento médico» que se realizó en el proceso selectivo. La orden a la que hacían referencia para desterrarle, enumeraba una serie de patologías y disfunciones médicas, entre ellas ese tipo de patologías concretas de la vista.

Esa normativa refleja que todas aquellas personas que tengan algún grado de discapacidad en ese sentido deben resultar excluidas, sin aludir a una gradación específica. Por esta razón, la Sala considera que como «en esta causa de exclusión se incluye esta patología en todas sus clases y grados de afectación«, no puede compartir la decisión final de eliminarle del proceso.

Citando otra sentencia del Tribunal Supremo, el juez que ha readmitido dice que «las causas de exclusión han de considerarse en función de si, efectivamente, inhabilitan, menoscaban o dificultan el ejercicio de los cometidos propios». En este caso, de las funciones que desempeñaría en el Cuerpo Nacional de Policía.

No se observan alteraciones»

«La referencia que se hace en las bases de la convocatoria a los distintos textos normativos supone que la aptitud física y psíquica requerida es la exigible para el adecuado ejercicio de las correspondientes funciones a fin de garantizar la idoneidad para la función policial a desempeñar», dice la sentencia.

Es decir, en este caso, al apreciarse una presunta deficiencia en la visión, el juez dice que se vuelve imprescindible que la discapacidad refleje «caracteres de intensidad suficientes». O lo que es lo mismo, que esa discapacidad demostrase que el aspirante no estuviera en condiciones de desarrollar la actividad en el seno de la Policía Nacional a pleno rendimiento.

El magistrado devuelve así demandante una oportunidad de que demuestre su capacidad en la oposición. En su caso, además, el juez remarca que el reconocimiento médico que le realizó la Administración no acababa de acotar ni de determinar lo afectado que podía estar el posible y futuro agente por esa minusvalía.

«El recurrente aporta un informe médico -insiste en la sentencia- en el que se concluye, realizando las mismas pruebas -test de Ishihara- que no se observan discromatopsias, ni alteraciones cromáticas en la visión». El afectado, de esta manera, tiene «una visión de colores dentro de la normalidad». Y por esta razón, en gran medida, se estima el recurso y se le reinserta en el proceso de oposición para acceder a ese puesto dentro del funcionariado.

«Apto»

Al estimar el recurso, el TSJM le declara como «apto» en el reconocimiento médico y le permite de ese modo continuar con el procedimiento de selección. Se exige también a los examinadores que valoren la entrevista personal y los test psicotécnicos que se le efectuaron en su día. «Si no los hubiera realizado, deberá llevarlos a cabo el mismo día, en las mismas condiciones y en unidad de acto junto con los opositores de la convocatoria más próxima a la presente sentencia».

La puntuación de referencia a superar para este hombre será «la exigida en la prueba correspondiente al proceso selectivo objeto de revisión (el convocado por resolución de 18 de abril de 2017)». De ser declarado apto en la entrevista y de recibir la puntuación suficiente en los test el demandante será convocado para incorporarse a la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento.

El abogado del opositor afectado, Antonio Suárez-Valdés, refiere a EL ESPAÑOL que se trata «de una gran noticia» para todas aquellas personas que padeícan leves alteraciones a la hora de diferenciar colores. «Sin embargo, no presentaban ningún tipo de limitación para ser Policías y se les venía privando de dicha consideración, por una aplicación arbitraria de la norma».

Fuente.

 

CNP NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO CNP

La Policía deberá admitir en la oposición a una aspirante excluida por haber padecido un tumor

El tribunal superior de Madrid recrimina a la Administración una ejecución “fraudulenta” de sentencias
similares
MADRID – 15 NOV 2020

La Policía tendrá que admitir en la oposición a una aspirante a la que eliminó por haber sido operada de un tumor si la sentencia dictada el pasado 15 de octubre por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se convierte en firme. La Administración tiene 30 días desde la notificación para anunciar si recurre ante el Tribunal Supremo.
Los jueces subrayan que la joven debe hacer los test pendientes junto con los aspirantes de la convocatoria más próxima y en las mismas condiciones que ellos dado los “precedentes fraudulentos” en la ejecución de sentencias similares. E. G. R. se presentó a las oposiciones para el ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía convocadas en abril de 2017, superando la prueba física y la de conocimientos. Sin embargo, al someterse al reconocimiento médico, fue eliminada por apreciarse una “cimentación quiste episiometafisiario de tibia izquierda por tumoración células gigantes extirpado quirúrgicamente” que, a juicio del tribunal, podía dificultar el desarrollo de la función policial.

La joven aportó cuatro informes médicos (incluido el de un traumatólogo especialista en tumores óseos del Servicio Aragonés de Salud) que acreditaban que la intervención quirúrgica a la que se sometió en 2011 para extirparle el tumor no le dejó ninguna secuela y no le impide ni limita el desarrollo de ninguna actividad física.

Además, en las dos ocasiones en las que se presentó a las oposiciones para policía superó las pruebas físicas.
La Abogacía del Estado replicó que su afección podría agravarse con el desempeño de la labor policial y que la decisión del Servicio Sanitario de la Policía se encuadra en la “discrecionalidad técnica”. El tribunal reconoce que al procedimiento se han aportado “informes médicos antagónicos” y que, según el Supremo, “deben prevalecer los dictámenes emitidos por tribunales médicos oficiales”. Sin embargo, subraya que los aportados por la joven coinciden en que la patología ha quedado completamente curada, sin que presente secuelas ni precise tratamiento; y destaca el informe de los médicos que realizaron “un seguimiento directo de la patología, su intervención y alta”, a los que, por su conocimiento directo del caso y su adscripción a la sanidad pública, presupone que actúan “de forma objetiva”.

Aunque la sentencia admite que “la exigencia de una especial capacitación física” para ser policía “es indiscutible”, reprocha al tribunal médico oficial que se limitara a constatar la patología de forma genérica, “sin valorar las especiales circunstancias del caso concreto ni el informe del servicio público aragonés de salud del que disponía”. Y que ni siquiera explicara por qué el haber padecido un tumor podría suponer una alteración del aparato locomotor y limitar la futura actividad policial “que es la verdadera causa de exclusión”.

En consecuencia, la sentencia estima el recurso de la joven y ordena que se le declare apta en el reconocimiento médico. Si superase las pruebas pendientes de la oposición (test psicotécnico), deberá incorporarse a la Escuela Nacional de Policía para seguir el periodo de formación. Una vez superado este, agrega, deberá ser nombrada policía, en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción de la convocatoria de 2017, “con la misma antigüedad y resto de efectos económicos y administrativos” que sus compañeros.

Además, condena al pago de 800 euros de costas a la Administración. “Precedentes fraudulentos”

Los jueces aprovechan para dar un tirón de orejas a la Administración al subrayar que la joven debe hacer los test pendientes junto con los aspirantes de la convocatoria más próxima y en las mismas condiciones que ellos, “dados los precedentes fraudulentos que hemos constatado en diferentes incidentes de ejecución de sentencias”, para así “garantizar, en la medida de lo posible, que presentan similares parámetros y criterios de evaluación”. Es decir, que se ha sometido a quienes ganaban en los tribunales a test más difíciles que a sus compañeros para forzar su eliminación.

 

El letrado de la joven, Antonio Suárez-Valdés, considera la sentencia “una gran noticia en la lucha por los derechos de quienes han padecido problemas oncológicos”, ya que limita el motivo de exclusión a las limitaciones presentes o futuras para el ejercicio de la profesión y no al hecho de haber padecido en el pasado un tumor como hace el actual cuadro de exclusión.

Fuente: El País 

 

NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO GUARDIA CIVIL POR HIPERTENSIÓN

 

El Supremo admite a un aspirante a guardia civil «no apto» por una subida de tensión

Fue rechazado en el examen médico por hipertensión tras superar todas las pruebas de acceso, pero la sala considera ahora que no estaba enfermo y solo fue un pico de estrés

Los nervios normales de un proceso selectivo de acceso a la función pública, en general, y más concretamente a la Policía y la Guardia Civil hacen que aumente la tensión arterial, pudiendo alterar los resultados del reconocimiento médico en dicha prueba. Este fue el caso de Braulio D. M., aspirante a entrar en el Instituto Armado, quien al comparecer muy inquieto en las pruebas a dicho Cuerpo fue declarado no apto en el examen médico final. El diagnóstico fue concluyente: sufre hipertensión.

Como quiera que el aspirante nunca había padecido hipertensión, el mismo se realizó toda clase de pruebas que acreditaron que su tensión arterial era perfectamente normal y que no padecía dicha causa de exclusión, tras lo cual defendió en la vía contencioso-administrativo su aptitud médica.

El primer recurso presentado por su abogado fue inicialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, el aspirante no se conformó con dicha resolución y llegó al Tribunal Supremo pese a una posible condena a costas en caso de que fuera rechazada la casación.

En fechas recientes, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo dio la razón a Braulio, anuló la decisión del General Jefe de Enseñanza de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y volvió a dar otro varapalo al sistema de pruebas de acceso al Cuerpo, al entender que la resolución por la que se excluía al aspirante no era conforme a derecho. En suma, la sala por unanimidad resolvió su nombramiento como guardia civil cinco años después de que le declaran no apto.

Informes alternativos

Ello pese había superado en su día los exámenes de ortografía, conocimientos, lengua extranjera, psicotécnico, las pruebas físicas y la entrevista personal. Sin embargo, fue declarado no apto en el reconocimiento médico porque se le apreció una tensión arterial superior a los límites establecidos. Braulio presentó hasta tres informes médicos adicionales en su recurso, que concluían que no padecía problemas cardiológicos.

«Si damos crédito a la validez de dichas pruebas tendremos que concluir que no es hipertenso, por tanto las tomas de tensión arterial reflejadas en los tribunales de selección y revisión estarían influenciadas por un estado emocional o de estrés habitual en dichas situaciones», señalaba uno de sus informe.

El demandante, por lo tanto, denunció la falta de garantías y de criterios científicos con los que se realizaron las tomas de tensión, con un escaso margen de media horas y después de haberle extraído una muestra de sangre. Su letrado, Antonio Suárez-Valdés, ha considerado que esta sentencia marca un antes y un después en la valoración de las pruebas médicas de acceso a la Guardia Civil y Policía y servirá para reparar cientos de injusticias similares, cometidas con aspirantes en idénticas situaciones.

http://www.diariosur.es/nacional/supremo-admite-aspirante-20180702155301-ntrc.html

 

 

NO APTO RECONOCIMIENTO MÉDICO CNP POR PROBLEMA CORAZÓN

La Policía, obligada a examinar a un opositor al que rechazó por un falso problema de corazón

Álvaro, de dilatada trayectoria deportiva, superó todas las pruebas físicas de acceso al cuerpo; el tribunal calificador le echó por una insuficiencia.

Su estado de forma era envidiable y superó las pruebas físicas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía con una buena calificación. No en vano, Álvaro había competido en pruebas deportivas con la Real Federación Española de Atletismo

Pero las conclusiones médicas del tribunal calificador fueron contundentes: no podía seguir en el proceso de selección por un engrosamiento de la válvula aórtica, en el corazón. Han pasado más de dos años desde entonces, pero la Justicia ha terminado dando la razón al aspirante. No es problema para seguir con sus oposiciones al cuerpo.

 

La cronología de los hechos arranca a principios de 2017. Álvaro obtuvo unos resultados muy positivos en las pruebas físicas y se preparaba para superar los exámenes posteriores de acceso al cuerpo.

Pero nunca pudo realizarlos. El tribunal calificador publicó los resultados el 8 de marzo de ese año. Y rechazaba la candidatura de este  al detectar un engrosamiento del borde de la válvula aórtica leve, insuficiencia que calificaba como «leve».

Recurso a la Justicia

De nada le sirvió al opositor su trayectoria en la Real Federación Española de Atletismo, con resultados oficiales en competiciones desde 2004 a 2010, que hubiera superado las pruebas de selección para vigilantes de seguridad con pruebas médicas anuales o que también hubiese aprobado en el acceso a militar de tropa y marinería. El tribunal calificador consideraba que su insuficiencia no le permitía hacer carrera en la Policía.

 

Así pues, Álvaro recurrió a la Justicia. Presentó informes realizados por cardiólogos, que determinaban que podía «realizar cualquier tipo de actividad que requiera esfuerzos físicos». Sí se admitía la insuficiencia, pero se desmentía que supusiera cualquier problema para ejercer la profesión de policía.

El siguiente paso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Álvaro. Considera que hay una serie de criterios «objetivos» para rechazar candidaturas al cuerpo, pero que este caso corresponde a valoraciones más volubles.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, obliga al Cuerpo Nacional de Policía a reincorporar a Álvaro en el próximo proceso de selección, manteniendo su resultado en las pruebas físicas.

Antonio Suárez-Valdés, abogado del opositor, destaca su «espíritu de superación» en lugar de «estar autocompadeciéndose con su infortunio». Y arremete contra las «administraciones» por «pretender limitar el acceso de este tipo de personas a la función pública».

https://www.elespanol.com/espana/20190716/policia-obligada-examinar-opositor-rechazo-problema-corazon/413959492_0.html

 

ST. AUDIENCIA NACIOANAL ANULA PASE A RETIRO DE CNP CON CAVERNOMA CEREBELOSO

Informes, neurólogos y un cavernoma: un policía gana su guerra por seguir trabajando

«Lo que para otros podría ser una opción vital, como es la prejubilación, para mi cliente fue un insulto», relata el abogado del agente, que luchó hasta el final por seguir siendo policía

Javier B. M. le gustaba su trabajo. Ser policía le llenaba, le daba la vida. No estaba cómodo cuando se encontraba de baja, aunque entendía que había momentos en los que no había más remedio que apechugar. Es lo que le ocurrió en mayo de 2013, cuando los médicos le detectaron un cavernoma de cerebelo que requería hacerle una importante intervención quirúrgica. El cirujano le extirpó la malformación y el funcionario tuvo que estar sin currar entre el día 6 de ese mes y hasta el 30 de octubre siguiente. En noviembre se reincorporó a la actividad laboral.

Sin embargo, no volvió a su antigua plaza. La Dirección General de la Policía le colocó en «un puesto adaptado que no requería de grandes esfuerzos físicos», como el propio agente de la escala básica de la corporación definió en la denuncia que interpuso más adelante. Durante dos años y cuatro meses, el policía desarrolló su trabajo «con total normalidad», sin recibir queja alguna por parte de sus superiores o compañeros.

Sin embargo, pasado ese tiempo, una de sus jefas decidió cambiarle de puesto «sin ningún tipo de explicación». De la noche a la mañana, el hombre tenía que pasar a hacer turnos en su nuevo destino y a realizar actividades que no parecían adecuadas para él. De hecho, el agente presentó un escrito a su superiora ratificado por sus médicos en el que exponía que los facultativos «desaconsejaban» el régimen de turnicidad para su paciente, dado que conllevaba alteraciones de sueño, de horarios e impedía una rutina que resultaba buena para el policía.

Al recibir los partes médicos, la jefa del agente no rectificó. Al contrario, elevó un informe al Servicio Médico de la Policía. Días después, el 1 de febrero de 2016, este último departamento dictaminó que resultaba conveniente que el funcionario pasara a situación de jubilación por «incapacidad permanente«. Dos semanas después, de hecho, los técnicos del Ministerio del Interiorsolicitaron al Tribunal Médico del Centro Directivo que evaluara al agente. Este último lo hizo el 11 de marzo de ese mismo año y determinó que la «lesión residual» que aún tiene le «imposibilita totalmente para desempeñar funciones propias» de un policía. Aunque «no está imposibilitado por completo para toda profesión u oficio», matizó el dictamen, que en la práctica expulsaba al funcionario del cuerpo.

No en vano, el 8 de abril de 2016 el jefe de la División de Personal de la Policía emite una resolución por la que propone la situación de jubilado para el agente. Un mes después, el afectado alegó que «la patología que sufre no le incapacita para desempeñar las funciones propias» de la corporación. La jefa del Servicio de Evaluación Médica, sin embargo, hizo caso omiso a esta alegación y concluyó el 2 de junio que «no desvirtúa la propuesta» inicial. Ocho días más tarde, el secretario de Estado de Seguridad acordó el pase a jubilación del funcionario por incapacidad permanente.

Fue entonces cuando el afectado decidió acudir a los tribunales. Representado por el abogado Antonio Suárez Valdés, el agente denunció los hechos ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que acaba de dar la razón al recurrente. Argumentó que el dictamen médico en el que se había basado el secretario de Estado para emitir su dictamen final «carecía de cualquier legitimidad», puesto que la discapacidad permanente que había concluido fue determinada por tres facultativos de especialidades diferentes a neurología. «Ni tan solo uno era neurólogo», arguyó el letrado en su recurso antes de calificar como «erróneo» el dictamen.

El agente, continuó, «no presenta secuelas de la intervención y, como se trata de una lesión benigna que se ha extirpado totalmente, no presenta contraindicación ninguna para su trabajo habitual de policía». «No consta evaluación clínica alguna que certifique disminución de las facultades psicofísicas (…) ni que lo incapacite de manera permanente para el desempeño de las funciones propias de su cargo», insistió el recurrente, que aportó informes de neurólogos que apuntan a que el paciente «no presenta contraindicación alguna para su trabajo habitual».

«No puede trabajar en la calle porque se expone a recibir un golpe en la cabeza«, admitió en su recurso el abogado del funcionario, que sin embargo también señaló que su cliente «mantiene una capacidad psicofísica completa para el desarrollo de otras funciones, de tipo más burocrático o sedentario, que también se prestan en la Policía». No en vano, estos últimos puestos fueron los que ocupó el afectado tras su periodo de baja laboral.

La Audiencia Nacional dio la razón al recurrente el pasado junio y puso fin así a una lucha de tres años del policía. «No está imposibilitado por completo para toda profesión u oficio, pues como se desprende de los informes que hemos recogido, el recurrente no está imposibilitado para desempeñar las funciones de policía nacional; si bien debe evitar determinados servicios», explica la sentencia, que el propio abogado del policía define como el final feliz de «una historia de superación», puesto que su cliente pasó por una larga etapa de rehabilitación, en la que mostró una gran «fuerza de voluntad» que le permitió incorporarse a un puesto adaptado.

«Es una persona perfectamente válida, que acudía todos los días a su trabajo y prestaba su servicio con normalidad», añade Suárez Valdés, quien considera que «lo que para otros podría ser una opción vital, como es la de percibir una pensión de jubilación sin trabajar, para nuestro cliente fue un insulto«. «Por eso defendió hasta el final su derecho a reincorporarse a su puesto», agrega el abogado, que define esta sentencia como la resolución del «triunfo de todas las personas que, con una discapacidad, luchan a diario por no ser excluidas por un sistema que se resiste a integrarlas».

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-06/policia-cavernoma-guerra-trabajar_1587964/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=facebook&utm_medium=social