No apto en el reconocimiento médico de acceso a la Guardia Civil, una aspirante con «riesgo de muerte» gana la batalla a los examinadores de la Guardia Civil

19 septiembre 2019

El Tribunal Superior de Madrid considera «apta» a una mujer que fue excluida del Instituto Armado por una patología tratada con la que ha convivido sin problema en el Ejército durante 11 años

Casi 30.000 aspirantes de entre 18 y 40 años participan desde julio pasado en las pruebas de acceso a la Guardia Civil, cerca del 23% mujeres. Se trata de la mayor oferta pública de la última década, con 2.210 plazas. Los exámenes siguen desarrollándose esta semana en varias provincias antes de que en octubre los «aptos» se incorporen a la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid). Unos destinos donde recibirán la formación profesional durante un curso académico.

En septiembre de 2017, Silvia C. M. (apellidos supuestos) era una de las aspirantes a vestir el uniforme del Instituto Armado. Tras pasar 11 años en el Ejército de Tierra, donde ingresó en octubre de 2006, decidió acceder a la Guardia Civil por las plazas reservadas a los militares. Tras realizar las pruebas de conocimiento, psicotécnicas, de aptitud física y la entrevista personal, la cabo fue excluida por el Tribunal Médico en el reconocimiento médico tras diagnosticarle hipotiroidismo (cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona para satisfacer las necesidades del cuerpo).

Esta afección está incluida en el cuadro médico de exclusiones desde 1996, al tratarse de una enfermedad que precisa tratamiento de larga duración. Silvia, en efecto, padece esta patología metabólica desde 2008, estando ya en el Ejército, y toma una pastilla diaria. Así lo dijo en la encuesta previa al examen médico.

Pero para el Tribunal de Selección, se trata de un problema crónico que puede agravarse «con inminente peligro de muerte», por lo que es un «contrasentido» su admisión con una limitación funcional tan grave que puede agravarse por factores físicos o ambientales propios del oficio. Así que el resultado final de la exploración fue «no apta», según la decisión final del General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil de noviembre de 2017.

Informes forenses

Pero Silvia no se quedó de brazos cruzados y emprendió la vía judicial para revocar esta decisión de todo un General Jefe. Presentó una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Defendida por el abogado Antonio Suárez-Valdés, prepararon una estrategia contra el fondo de la motivación del tribunal examinador.

Más allá de que el hipotiroidismo es una patología excluyente desde hace más de dos décadas, algo que el propio tribunal no pone en duda ahora en su sentencia, la demanda fue al corazón mismo del asunto: si esta enfermedad, debidamente tratada, le impide o dificulta desarrollar sus funciones en la Guardia Civil.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establace que debe regir el principio de proporcionalidad en la interpretación de las normas restrictivas, como las causas médicas de exclusión y su consecuente inhabilitación para el cometido laboral. Bajo esta premisa, la demandante presentó junto a su escrito judicial tres informes clínicos: uno de un coronel médico del Ejército de Tierra que atestiguaba que en 11 años realizó una actividad «normal», sin bajas laborales y sin que la patología afectase a su peso o capacidades funcionales. Otro de la Clínica Militar Forense que señala que desde 2013 presentasaba «niveles completamente normales de hormonas tiroideas» y que no existe, «ni remotamente», peligro de muerte inminente. Y un tercero escrito de un perito judicial de parte que validaba las anteriores conclusiones.

Con esta batería de pruebas, el tribunal de la Sección Sexta del TSJM, presidido por la magistrada Teresa Delgado y con ponencia de Ángeles Huet, ha sentenciado por unanimidad que Silvia tenía razón y que su causa no ha sido en balde. La Sala ha revocado la decisión de todo un tribunal examinador de la Guardia Civil, ratificada por un general jefe, y ha considerado «apta» a la aspirante tras dos años de contencioso.

Pero lo que es más importante, los magistrados por unanimidad ponen en duda los criterios de exclusión médica del Instituto Armado por su carácter restrictivo. Lo hacen cuando hay base suficiente para poder ser agente con una enfermedad tratada que no limita la actividad profesional. Así ha sido el caso de Silvia y su hipotiroidismo.

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