El juez aprecia delito en la muerte de tres artificieros

La explosión tuvo lugar el 20 de mayo de 2013 en la base de la Legión en Viator (Almería).

La explosión que el 20 de mayo de 2013 mató a tres artificieros e hirió a otros dos en la base de la Legión en Viator (Almería) tuvo responsables. Así lo considera el titular del Juzgado Militar Territorial número 23, que ha imputado al capitán J. L. C. P., jefe de la Sección de Desactivación de Explosivos (Sedex), por un delito contra la eficacia del servicio. Su defensor cree que la responsabilidad es de quien derivó para hacer prácticas un proyectil en malas condiciones.

Aquella mañana, los artificieros de laCompañía de Zapadores de la Brigada Legionaria realizaron una práctica de desactivación de explosivos en el campo de tiro de la base. El ejercicio concluyó a las 13.30, sin más incidencias que el hecho de que les sobraron dos proyectiles, uno de 105 milímetros y otro de 106, ya que se les habían agotado las cargas de desactivación.

Cuando los artificieros volvieron a la base, el responsable del polvorín estaba comiendo, por lo que decidieron descargar los proyectiles en la nave que les servía de taller, a la espera de gestionar su devolución. El capitán, entonces teniente, se marchó a su vez a almorzar, mientras sus subordinados se quedaban en la nave.

A las 14.10 se produjo una explosión, que costó la vida a los brigadas Manuel Velasco Román y Antonio Navarro García y al sargento Francisco Prieto González, dejó malherido al sargento José Francisco de Borja González y herida leve a la cabo María Concepción Jiménez Escámez.

Informe pericial
El informe pericial ha concluido, como “hipótesis más probable”, que el brigada Velasco y el sargento Prieto, ambos con larga experiencia, desmontaron la espoleta al proyectil de 105 como medida de seguridad —más tarde se halló en la caja fuerte del taller— y, a continuación, retiraron el multiplicador. Se trata de una operación sencilla, ya que este debe salir con solo tirar de una cinta, pero se atascó y los artificieros intentaron liberarlo con un destornillador y unos alicates. El roce de metales causó la chispa fatal.

Las acusaciones consideran que el capitán no debió llevar los proyectiles al taller del Sedex, que carecía de condiciones de seguridad, sino que tendría que haber iniciado de inmediato los trámites para su devolución. El juez le ha imputado un delito contra la eficacia del servicio, que el Código Penal Militar castiga con hasta dos años de cárcel.

El abogado Antonio Suárez-Valdés, defensor del capitán, subraya que el proyectil estaba catalogado como “inútil 3D” lo que, según el manual técnico MT7-023 del Ejército, incluye aquellos artefactos que, “por el peligro potencial que entrañan, deben ser eliminados”. El lote del que formaba parte el proyectil no había sido sometido a controles para comprobar su estado, pues solo se hacen cuando las existencias superan 100 unidades. El informe pericial confirmó que la explosión del proyectil, caducado desde diciembre de 2012, fue anómala, debido a la existencia de oquedades, exudaciones o “pérdida de propiedades del explosivo por antigüedad”.

La instrucción ha evidenciado que es habitual derivar explosivos caducados para prácticas de los artificieros, sobre todo en tiempo de crisis. Resulta mucho más barato que contratar a una empresa para que los desmilitarice.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442948660_368342.html

 

Defensa del imputado por la explosión mortal en Viator pide el archivo tras un informe de la Legión

El citado informe respalda la idoneidad de la nave en la que supuestamente el capitán ordenó depositar los proyectiles

La defensa del jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (Sedex) de la Legión imputado en la causa abierta por la explosión que, en mayo de 2013, causó la muerte a tres militares en la base ‘Álvarez de Sotomayor’, en Viator (Almería), ha anunciado que va a solicitar el sobreseimiento y archivo con respecto a su patrocinado tras la incorporación al sumario de un informe de la Brileg que concluye que el local de zapadores donde se depositaron los dos proyectiles sin desactivar “era el que mejor cumplía con la distancia de seguridad a las zonas de vida” como “residencias de tropa, suboficiales y mandos”.
El informe, elaborado a requerimiento del Juzgado Togado Militar Territorial 23 y notificado a las partes este martes, señala, asimismo, que la normativa existente “no puede ser aplicada al local de Sedex por no estar destinado al almacenaje de más de 500 kilos de explosivo” y añade que, según las características técnicas de los explosivos rompedores, el manipular un proyectil” de las características del que explotó “no implica riesgo extraordinario siempre que sigan las normas básicas del manejo de Mayex”, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Cabe recordar que la imputación por un presunto delito de extralimitación en el ejercicio del mando deriva de un informe del fiscal que, tras la investigación, apunta a que fue el capitán J.L.C.P. quien supuestamente dio la “orden de depositar” dos proyectiles que habían quedado “sin desactivar” durante unas prácticas previas en “las dependencias-nave-almacén” de los Sedex “pese a ser conocedor”, según recoge, de que el citado “habitáculo no reunía las condiciones mínimas de seguridad para el depósito de este tipo de material”.
La defensa, ejercida por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, armará el escrito solicitando el libre sobreseimiento de su patrocinado en este último informe aportado al procedimiento y haciendo hincapié en que, a lo largo de la instrucción de la causa, habría quedado “acreditado” que el proyectil de 105 milímetros que estaban manipulando dos de los fallecidos tenía la “calificación 3D o pendiente de destrucción”, por lo que “no se puede utilizar en prácticas”. “El informe del Sedex de la Guardia Civil describe la explosión como anómala, lo que apuntaría a un estado probablemente defectuoso del proyectil. Cuando lo estaban manipulando, se rompió la cinta con la que se extrae el multiplicador porque estaba completamente podrido”, sostiene.
El Gabinete Jurídico Suarez-Valdés fundamenta la defensa, asimismo, en que no consta que el capital J.L.C.P. “ordenase que manipulasen el proyectil”, lo que “habrían hecho por su cuenta en la creencia normal de que estaba en buen estado” y que eligió depositarlos en la nave “por ser el lugar menos dañino para ubicarlos a la espera de su devolución, compleja y con hasta siete pasos burocráticos intermedios”. Al hilo de esto, fuentes del caso han trasladado que la depuración de responsabilidades penales debería estar orientada al Ministerio de Defensa, “encargados de esa desviación de material 3D o pendiente de destrucción para uso en prácticas, lo que clama al cielo” y han recordado que “no se trata del primer caso en que se da estas circunstancias”, en referencia a la deflagración registrada en el cuartel de Hoyo de Manzanares en Madrid. A raíz de esto, la defensa interesó la prácticas de diligencias de prueba encaminadas a determinar si se sometieron esos proyectiles a pruebas de funcionamiento para garantizar que eran “completamente seguros y estables” ya que los fallecidos eran personas “con alta cualificación”, “contestando que no se hacen porque son muy costosas y complicadas”. Por otro lado, va a argumentar que la devolución de los proyectiles no se hizo “porque el polvorín estaba cerrado”, lo que hizo que se optará por esperar a las 15,00 horas, y que el capitán no abandonó la nave para “ir a comer al comedor” si no para localizar al entonces capitán y comunicarle la incidencia. “La explosión se produjo en esa franja de tiempo”.
La defensa también recurrirá a la declaración que en calidad de testigo prestó en sede judicial la cabo primero que resultó herida y en la que reiteró que “no oyó” al jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos “ordenar nada a los suboficiales para que manipularan el proyectil”. También trasladó que no le escuchó decir que “no se podían introducir dentro de la nave”, que los operadores de EOD “tienen facultad para decidir el procedimiento a seguir para desactivar un explosivo”, que desconoce “el motivo porque el que lo estaban haciendo” y que no sabia si este “había sobrado del ejercicio o era un proyectil inerte de los que tienen en la nave para instrucción”. “posible exudación del proyectil” La deflagración se produjo a las 14,10 horas del 20 de mayo de 2013. La hipótesis “más probable”, de acuerdo a lo que se indica en el informe realizado por los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil que obra en la causa, es que, “durante la operación de desmontaje del multiplicador” en la que participaban dos de los fallecidos, “se les presentó un problema”. Concreta que, si bien esta operación “no supone ningún riesgo y se realiza fácilmente tirando de la cinta que posee al efecto”, en este caso se vieron obligados a usar unos “alicates y un destornillador”. “Mientras uno sujetaba el proyectil y tiraban del multiplicador con los alicates, el otro intentaba liberarlo haciendo palanca con el destornillador, produciendose entonces un posible roce entre las herramientas metálicas” con una parte del proyectil, “que provocó la chispa suficiente para iniciar la reacción del explosivo”.
El informe pericial apunta a que el multiplicador no salió debido “a una posible exudación del proyectil a consecuencia de la cual, las paredes del hueco que sirve de alojamiento podrían haber experimentado una dilatación, aprisionándolo y dificultando el procedimiento”. En la explosión, fallecieron los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román, así como el sargento José Francisco Prieto González. Todos eran desactivadores de explosivos y tenían amplia experiencia en misiones internacionales. Además, en la deflagración, resultaron heridos una cabo primero y un sargento.

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