El subteniente de la Guardia Civil Francisco Morcillo Moya, de 61 años, falleció a consecuencia de la explosión ocurrida en el sótano del edificio MACEN ubicado en el acuartelamiento de Valdemoro.
La familia del fallecido se ha personado en la causa seguida, en esclarecimiento de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valdemoro. Según denunciaron los hijos del fallecido ante el Juzgado, la versión dada por la Guardia Civil en un primer momento, no se ajustaría a la verdad de los hechos acaecidos, ya que su padre no estaría dando ningún tipo de clase sobre explosivos, sino intentando evacuar las instalaciones, una vez detectado el inicio del fuego desatado, al encontrarse en situación de reserva y no tener encomendadas esas funciones formativas, que estaban siendo desarrolladas en ese momento por otros dos miembros del Cuerpo.
Consultado Antonio Suárez-Valdés, abogado especialista en derecho penal militar y defensor de la familia y que ejerce la acusación particular, el mismo denuncia igualmente que en la edificación donde se produjo la explosión, se encontraba ubicada una instalación de alto riesgo como es el almacén de explosivos de los Tedax y de la unidad NRBQ y el depósito judicial de explosivos, que carecía presuntamente de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de instalaciones. Según informaciones recabadas, dichos depósitos llegaban a albergar periódicamente significativas cantidades de explosivos, por lo que necesariamente debieran de haber precisado una adaptación a la normativa sobre seguridad de almacenes de explosivos, que al parecer no se producía. Según se desprende del estudio de los planos del edificio, la instalación, que se encontraba ubicada en los bajos de una construcción sobre la que trabajaban cientos de agentes, carecía presuntamente de las condiciones estructurales adecuadas, no contaba con salida de emergencia, extinción automática de incendios, detectores de incendio y las bocas de incendio no funcionaban, lo cual obligó a los bomberos a tener que extinguir el incendio provocado utilizando el agua de una piscina cercana, con el consiguiente riesgo para las decenas de ocupantes del citado edificio. Todos estos hechos hacen que, dada la alta ocupación del edificio donde se produjo la explosión, el siniestro hubiera podido convertirse en una auténtica masacre, ya que la explosión habría sido de tal magnitud que habría llegado a romper el forjado superior de la planta y la totalidad de la tabiquería de las zonas adyacentes, amén de provocar un incendio de importantes dimensiones. Es mas un grupo de alumnos que se encontraban junto al almacén donde se produjo la deflagración, tuvieron que ser evacuados por una ventana trasera, cuyas rejas se tuvieron que romper por los agentes presentes en el exterior, viviéndose momentos de absoluta angustia.
Según el croquis de las instalaciones acompañado por la familia a la causa, el Subteniente Morcillo Moya, que padecía la enfermedad de párkinson que reducía su movilidad, habría fallecido aplastado por la onda expansiva de la explosión cuando intentaba evacuar su oficina, ubicada al fondo de la instalación y sin que le hubiera dado tiempo material para ponerse a salvo, dada la longitud del recorrido de evacuación. Inicialmente el juzgado de instrucción incoo diligencias previas pero por auto de fecha 31/10/2010 acordó el sobreseimiento de la causa, sin tan siquiera tomar manifestación a aquellos que indiciariamente apuntaban como responsables del incumplimiento de las medidas de seguridad en el recinto donde se produjo la explosión. Recurrido en apelación dicho auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, la misma ha acordado revocar el acuerdo de sobreseimiento de la causa, devolviendo la causa al juzgado para que se tome declaración como imputado, al Coronel Jefe del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Valdemoro. Según informa Antonio Suárez-Valdés, abogado de la familia del fallecido, el auto de la audiencia provincial de Madrid, considera que existen indicios racionales para entender que por parte del responsable del Acuartelamiento de Valdemoro, pudiera haberse cometido presuntamente un delito contra las normas de prevención de riesgos laborales en concurso con otro de homicidio imprudente, por lo que, en aras de aclarar este particular, el Coronel Jefe de dicho acuartelamiento, deberá declarar ante el juzgado en condición de imputado. Según Suárez-Valdés, la audiencia provincial considera que en la causa existen indicios suficientes para considerar que en el caso de autos no se habrían respetado las mas mínimas normas de seguridad que deben regir en lugares donde se almacenan sustancias explosivas e incendiarias como era el almacén donde se produjo el incendio y posterior deflagración que acabó con la vida del Subteniente Morcillo. De todas estas deficiencias podría resultar responsable, presuntamente, el Coronel Jefe del acuartelamiento de Valdemoro.
Dto. de Comunicación de Gabinete Jurídico Suárez-Valdés.
