APROBACIÓN DEL REAL DECRETO 1466/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR EL QUE SE DESARROLLAN LOS REQUISITOS PARA LA APLIACIÓN DEL TIPO REDUCIDO DEL 4% PARA LAS ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

La aplicación del tipo reducido del 4 % para dichas adquisiciones, resulta aprobada el pasado año, entrando en vigor el 26 de abril de 2006, los bienes objetos de la citada medida son los siguientes:

- vehículos para personas con movilidad reducida, cuyo concepto se contiene en el número 20 del anexo I del RDLeg 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

- las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad;

- autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación;

- vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quién sea el conductor de los mismos. La sintética redacción, no obstante, ha provocado no pocas acepciones razonadas tanto por los requisitos para la obtención del beneficio, como por el procedimiento a seguir para su consecución. Falto de desarrollo reglamentario, hemos visto recientemente el nacimiento del necesario desarrollo recogido en el articulado del Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre de 2007.

De la lectura de la diposición normativa se desprenden la necesidad de concurrencia de los siguientes presupuestos:     

1º. Que hayan transcurrido, al menos, cuatro años desde la adquisición de otro vehículo en análogas condiciones.    

 No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de siniestro total de los vehículos, certificado por la entidad aseguradora o cuando se justifique la baja definitiva de los vehículos.     

2º. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos inter vivos durante el plazo de cuatro años siguientes a su fecha de adquisición.    

 2. La aplicación del tipo impositivo previsto en el artículo 91.dos.1.4.o, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto requerirá el previo reconocimiento del derecho por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, iniciándose mediante solicitud suscrita tanto por el adquirente como por la persona con discapacidad, es por tanto una aplicación rogada. Se deberá acreditar que el destino del vehículo es el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. Entre otros medios de prueba serán admisibles los siguientes:     

a) La titularidad del vehículo a nombre del discapacitado.     

b) Que el adquirente sea cónyuge del discapacitado o tenga una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta del tercer grado, inclusive.     

c) Que el adquirente esté inscrito como pareja de hecho de la persona con discapacidad en el Registro de parejas o uniones de hecho de la Comunidad Autónoma de residencia.     

d) Que el adquirente tenga la condición de tutor, representante legal o guardador de hecho del discapacitado.     

e) Que el adquirente demuestre la convivencia con el discapacitado mediante certificado de empadronamiento o por tener el domicilio fiscal en la misma vivienda.     

f) En el supuesto de que el vehículo sea adquirido por una persona jurídica, que la misma esté desarrollando actividades de asistencia a personas con discapacidad o, en su caso, que cuente dentro de su plantilla con trabajadores discapacitados contratados que vayan a utilizar habitualmente el vehículo.     

La discapacidad o la movilidad reducida se deberá acreditar mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.     

No obstante, se considerarán afectados por una discapacidad igual o superior al 33 por ciento:

a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.     

b) Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.     

c) Cuando se trate de discapacitados cuya incapacidad sea declarada judicialmente. En este caso, la discapacidad acreditada será del 65 por ciento aunque no alcance dicho grado.     

Se considerarán personas con movilidad reducida:    

 a) Las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado.    

 b) Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las corporaciones locales o, en su caso, por las comunidades autónomas.    

 3. En las importaciones, el reconocimiento del derecho corresponderá a la aduana por la que se efectúe la importación.     

4. Los sujetos pasivos que realicen las entregas de vehículos para el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida a que se refiere el segundo párrafo del artículo 91.dos.1.4º de la Ley del Impuesto sólo podrán aplicar el tipo impositivo reducido cuando el adquirente acredite su derecho mediante el documento en el que conste el pertinente acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el cual deberá conservarse durante el plazo de prescripción.»